24 de enero de 2025
Por Luis Guillermo Pérez Casas / Defensor de derechos humanos, promotor de la paz
“La injusticia es el arma más poderosa que tiene el opresor”
Nelson Mandela
Era un día cálido, con un cielo diáfano y un sol generoso que abrazaba la capital de la República. Era el 1° de septiembre de 2022, esperábamos conjuntamente con Gloria Inés Ramírez la ministra de Trabajo, en uno de los salones de la Casa de Nariño, que llegara el Presidente de la República, GUSTAVO PETRO URREGO para posesionarme como Superintendente de Subsidio Familiar. Era la segunda vez que recorría aquellos salones, la primera cuatro años atrás cuando me posesioné ante Iván Duque como único magistrado de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral.
Los cambios eran notorios, a la entrada encontramos a mano izquierda la espada emblemática del Libertador Simón Bolívar, que había constituido un pulso entre el presidente que se iba el 7 de agosto quien quiso impedir que la espada llegara a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, quien hizo valer su condición de nuevo jefe de Estado y de Gobierno. Todos los dignatarios invitados a la posesión se pusieron de pie ante el momento solemne, cuando finalmente uno de los cadetes ingresó con este símbolo histórico de nuestra independencia, todos salvo el rey de España quien permaneció gélidamente sentado, nostálgico del imperio que perdieron poco más de dos siglos atrás, por la visión y fuerza extraordinaria de un hombre que derrotó una y otra vez el ejército imperial para sellar la independencia y libertad de nuestros pueblos, símbolo con el que se iniciaba el Gobierno del Cambio para convertir a Colombia en Potencia Mundial de la Vida, como quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo.
En el recorrido por el Palacio de Nariño encontramos la escultura de la paloma de la paz, de Fernando Botero, que había sido también objeto de desprecio y destierro por el mandatario uribista que dedicó sus cuatro años de gobierno a destruir el proceso de paz, el Presidente Gustavo Petro ordenó reinstalarla en la Casa de Nariño, ese mismo 1° de septiembre celebró su llegada con el deseo de que “la paz hay que ponerla en el corazón de cada colombiano”. El gran escultor donó a la nación dicha obra como gesto de apoyo y solidaridad con el proceso de paz.
Me posesionó el Presidente Gustavo Petro Urrego con el objetivo de contribuir a incrementar el bienestar social de las familias trabajadoras de Colombia, noble y obligado objetivo porque somos un Estado Social de Derecho, porque la paz es nuestro derecho individual y colectivo, pero también una obligación social según mandata la Constitución Política. No puede haber bienestar para la nación colombiana sino logramos que nuestro país deje de ser uno de los más desiguales del planeta, si no logramos erradicar el hambre y la desnutrición en millones de infantes, adolescentes y ancianos, no puede haber bienestar y paz social sino creamos las condiciones para incrementar el valor de la fuerza de trabajo, la economía popular y el tránsito de una economía fósil a una economía basada en la protección de la industria nacional y de la soberanía alimentaria, no puede haber bienestar sino hacemos la paz con la naturaleza. No puede haber paz democrática sin garantizar la participación ciudadana en las decisiones que les afectan.
Estas son las orientaciones del Gobierno Nacional que todos los funcionarios del poder ejecutivo deberían seguir, pero que son también deberes ciudadanos que nos obligan a defender los derechos humanos y a actuar con solidaridad, artículo 95 de la Constitución Política.
Con ese empeño, comencé mi gestión como Superintendente de Subsidio Familiar, a los 8 días acepté participar en Cartagena en el Congreso de Asocajas invitado por su presidente ejecutiva Adriana Guillén, concurrían más de trescientas personas, entre empresarios, sindicalistas, políticos tradicionales y los directores de las Cajas de Compensación Familiar. Mi intervención sólo fue bien recibida por una tercera parte del auditorio, los sindicalistas; porque recordé que el sistema de subsidio familiar no pertenece a los directores de las Cajas, ni a los caciques políticos que las han usado en su beneficio político y económico, sino que es un sistema que le pertenece a todas las familias trabajadoras de Colombia.
Allí me encontré a Edgardo Maya Villazón, quien fuera 8 años Procurador General de la Nación y cuatro años Contralor General de la República, después de saludarlo con cordialidad me enteró Adriana Guillén que él, era su esposo y Margarita Cabello Blanco a quien había invitado era una amiga muy cercana de los dos. Entendí el mensaje como un gesto de la arrogancia del poder y como una amenaza que no tardaría en concretarse.
¿Cómo entender que, en un sistema nacido para generar inclusión y bienestar social para las familias trabajadoras de Colombia, los más de cien mil empleados de las Cajas en el país, la gran mayoría no gozaba de contratos estables, indefinidos, sino de contratos de prestación de servicios algunos de 36 h semanales, tres meses, 10 u 11 meses que se extendían incluso por décadas? Fue una prioridad de mi mandato lograr que en el sistema se respetaran los derechos laborales e invité junto con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a que firmaran un pacto por el trabajo decente. Se firmó este pacto el 9 de diciembre de 2022, por los directores de todas las Cajas, en el auditorio de Cafam, donde habíamos invitado a más de mil personas. La señora Guillén se opuso al Pacto manifestando que las Cajas eran entidades privadas que gozaban de autonomía, cierto, pero no para vulnerar derechos constitucionales ni laborales.
Mi mensaje contra el clientelismo y la politiquería en las Cajas, tampoco fue bien recibido. En toda la historia del sistema de más de medio siglo, nadie nunca les había hecho tal reproche.
Las Cajas de Compensación reciben recursos públicos, manejan el 4% de todas las nóminas de los empleos públicos y privados del país, recursos que para el 2022 ascendían a 11 billones de pesos y para el 2024 a 12 billones de pesos, destinados a reconocer subsidios por las personas a cargo, sean hijos menores, estudiantes, adultos mayores dependientes o personas con discapacidad, se otorgan subsidios para vivienda, para los trabajadores cesantes, disponen de centros de recreación en todo el país, de hoteles, de colegios, universidades e institutos de capacitación. También desarrollaron programas de salud, a través de EPS, cuyo manejo ha sido cuestionado por su integración vertical y falta de transparencia.
En los primeros días de diciembre de 2022, recibí la llamada del obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, hombre jovial, comprometido con las apuestas por la paz total del Presidente de la República, quien había logrado una tregua entre dos poderosas bandas de delincuentes que azotaban el distrito de Buenaventura, me pidió que le ayudara con los empresarios y directores de las CAJAS para que solidaria y voluntariamente contribuyeran para mantener la tregua en una ciudad que hasta hace cuatro años era una de las más violentas del mundo, con los recursos que pudiera recaudar desarrollaría un festival por la paz y un campeonato de fútbol, no contaba con recursos ni de la alcaldía, ni de la gobernación, ni del Gobierno Nacional que trataba de superar las trabas burocráticas de los empleados del gobierno anterior.
Cumpliendo con mi obligación constitucional y el mandato presidencial para promover la paz, en el mencionado evento de Cafam, transmití el mensaje del Sr. obispo para ayudar a salvar vidas. La acuciosa señora Guillén en los mismos términos por los cuales se me abriría una investigación disciplinaria y se me sancionaría me advirtió que no estaba en mi manual de funciones ni la promoción de la paz, ni llamar a la solidaridad voluntaria a las Cajas que estaban bajo mi supervisión, aunque fuese muy altruista de mi parte. Palabras que además reiteró la Dra. Margarita Cabello Blanco como un éxito de su gestión el haberme hecho sancionar, aunque no haya incurrido en un acto de corrupción, porque apoyar la paz y reclamar solidaridad no estaba en mi manual de funciones.
Debo señalar que la Procuraduría no recaudó una sola prueba para corroborar que algún director de una Caja se haya sentido compelido para colaborar con el llamado del pastor de la iglesia, ni de que se hubiese comprometido un solo peso de la destinación de los recursos públicos para tales efectos. Muchos directores declararon ante la Procuraduría que no contribuyeron al llamado porque no estaban obligados a ello y los que lo hicieron manifestaron la importancia de contribuir a la paz para el bienestar no sólo de las familias trabajadoras sino de los propios empresarios.
Está demostrado en el proceso por el que se me suspendería nueve meses en el ejercicio del cargo, se me destituiría y se me inhabilitaría de manera general por doce años, que nunca hubo una queja ni siquiera anónima en mi contra, ni reproche público alguno a mi gestión. Diana Margarita Ojeda, Delegada de la Procuraduría para el Sector Trabajo y la Seguridad Social, el mismo 9 de diciembre de 2022 me hizo un requerimiento y sin esperar mi respuesta, compulsó copias para que se me investigara por “órdenes de la Procuradora General Margarita Cabello”.
Quien resultó abriéndome la investigación disciplinaria, suspendiéndome en mis funciones por tres meses y luego levantándome pliego de cargos, fue la Dra. Sonia Patricia Beltrán Téllez, según me comentó de manera “muy cordial” la señora Adriana Guillén en mi despacho comenzando el año 2023, que dicha funcionaria era una amiga íntima suya con quien había estudiado la carrera de derecho y con quien había trabajado en la Procuraduría bajo la dirección de Edgardo Maya Villazón.
Se me suspendió por nueve meses so pretexto de impedir que yo pudiese nombrar director o agente de intervención de una caja intervenida, ya que mi predecesor en el gobierno de Iván Duque y un día hábil antes de terminar su mandato, expidió una resolución para dejar una lista amarrada y cerrada por dos años, en una decisión cuestionable que podría estar ligada a hechos de corrupción en la intención de impedir que yo pudiera hacer cambios en las cajas intervenidas. La Procuraduría consideró que dicha resolución era inmodificable, sin que hubiese ningún sustento ni constitucional, ni legal para expedirla. Incluso habiendo desaparecido la causa por la cual fui suspendido se negó la Procuraduría a reintegrarme en mi cargo, pese a que la ley le obligaba.
La suspensión de nueve meses que se me impuso, me privó de los necesarios ingresos para cumplir mis obligaciones familiares, estando suspendido seguía siendo funcionario público y por tanto no podía emplearme ni contratar con nadie. Esto hace parte de las estrategias para generar un daño irreparable, para afectar tu subsistencia y la de tu familia; por fortuna en mi caso siempre conté con la solidaridad de mi esposa y amigos cercanos.
La Procuradora Margarita Cabello Blanco, ordenó como reacción a mis denuncias que se me abriesen otras investigaciones disciplinarias, para evitar que pudiera ocuparme en cosa distinta que la de defenderme. Ordenaron usar facultades de policía judicial en mi contra, se violentaron mis comunicaciones privadas y mis derechos fundamentales a un debido proceso. Mis recusaciones no prosperaron, ni ninguno de mis recursos. Cuando quien ordena que se me persiga es la cabeza del ministerio público, la nominadora sólo tiene subalternos que deben cumplir sus orientaciones so pena de ser removidos de su cargo.
No satisfecha con la destitución e inhabilidad general de doce años, la Procuraduría me impuso una suspensión adicional de nueve meses que al ya estar destituido la convirtió en una sanción pecuniaria de 123 millones de pesos, por haber nombrado Secretario General de la Superintendencia a un hombre que tenía 70 años de edad, hay más de cien excepciones a esta inhabilidad que no cubre por ejemplo a los secretarios privados de los superintendentes o los secretarios generales de los ministerios. En la Supersubsidio no hay secretario privado en la nómina. Se me sancionó pese a que cuando firmé la resolución de nombramiento de este secretario general, ya había sido objeto de control por parte de una funcionaria de carrera quien era encargada de Talento Humano y quien a motu proprio decidió consultar al Departamento de Servicio Civil. No está dentro de las facultades del Superintendente revisar las hojas de vida, el funcionario en cuestión me ocultó su edad y en sus declaraciones se ufanó de aparentar muchos años menos que los que tenía por ser “deportista de alto rendimiento”, agrego yo que además usa el cabello largo sin canas y usa aretes. Al enterarme le pedí la renuncia en febrero de 2023, estuvo menos de cuatro meses en el cargo. La Procuraduría concluyó que actué con dolo incurriendo en una “culpa gravísima”.
La investigación, la suspensión, la sanción y confirmación en la apelación de la sanción fueron anunciados en boletines públicos de la Procuraduría, tuvieron amplio cubrimiento mediático tanto en radio, canales nacionales y regionales de televisión, como en la prensa escrita y en las redes sociales. Ante el país se me presentó como un prevaricador, como un corrupto más; mis respuestas para defender mi honra y mi buen nombre, salvo una que otra excepción no fueron tenidas en cuenta, porque se quería afectar al gobierno mismo.
En este contexto, cuando te enfrentas a un establecimiento criminal y corrupto, la “guerra judicial” o lawfare hace parte de los escenarios previsibles de persecución, transformar el statu quo genera resistencias y en mi larga lucha como defensor de derechos humanos, hemos tenido que enfrentar amenazas, persecución, desplazamiento, exilios y el asesinato de muchos de tus amigos. Por tanto se debe asimilar las consecuencias de los retos que te impones en la vida, sin sentirse víctima, porque eso quieren, minar tu capacidad de resistencia, quebrarte moralmente, doblegar tu voluntad, afectar la seguridad y estabilidad de tu familia.
Distintas personas me aconsejaron renunciar antes de ser sancionado, pensando ellos que al separarme definitivamente del cargo dejarían la prisa y la voluntad de perseguirme, que el Presidente de la República me podría nombrar embajador, rechacé hacerlo, porque no quería ceder ante el chantaje de mis verdugos y quería dejar en evidencia toda la arbitrariedad, abusos de autoridad y prevaricatos que he denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
El Presidente Gustavo Petro, siempre ha reclamado de sus funcionarios que actúen con honestidad, con compromiso real con el cambio, con las transformaciones que el país requiere, con amor con el pueblo y con el profesionalismo necesario para que las instituciones cumplan con sus fines. Cuando no ha sucedido así, a diferencia de pretéritos gobiernos que encubrían los delitos de sus funcionarios y los protegían, este Presidente ha pedido que rindan cuentas ante la justicia y los ha separado de sus cargos y no ternó una Fiscal General de bolsillo.
Hay que tener amor para cumplir con la función pública, el buen servidor público es el que cumple a plenitud el mensaje de Jesús “No venimos para ser servidos sino para servir”. Hay que respetar y hay que tener carácter, hay que aprender de los errores, hay que tener disciplina, hay que aprender a escuchar para poder dirigir. Tenemos la obligación de transmitir confianza y optimismo en el resultado de lo que hacemos, no podemos dejarnos vencer, aunque las dificultades parezcan invencibles, debemos actuar siempre con honradez y buena fe. ¡No podemos perder la batalla de la vida y de la dignidad!.
Fuente: https://cuartodehora.com/tribulaciones-de-un-funcionario-publico-en-el-gobierno-del-cambio/
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